La desaparición de migrantes en México

La problemática de desapariciones de personas migrantes en las rutas migratorias, particularmente en trayectos de México y el sur de Estados Unidos, continúa siendo uno de los problemas más urgentes de atender y visibilizar.

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos estima alrededor de 2 mil personas migrantes desaparecidas; el Missing Migrant Project de la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 3 mil 716 personas entre enero de 2014 y marzo de 2022; el Equipo Argentino de Antropología Forense apunta mil 421 personas entre 2010 y abril de 2020; la organización de la sociedad civil Movimiento Migrante Mesoamericano, alrededor de 80 mil casos; y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del gobierno mexicano, arroja un total de 59 casos de personas migrantes desaparecidas y de 2 mil 910 personas extranjeras desaparecidas entre 1964 y 2021.

Independientemente de las cifras y atento a esta preocupante situación, desde 2007 el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-México, obra social de la Compañía de Jesús, cuenta con un Programa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, cuyo motivo principal es defender y coadyuvar en el acceso a derechos tanto de las personas que han desaparecido durante su proceso migratorio como los de sus seres queridos que los buscan, mediante un acompañamiento en la gestión de sus procesos de búsqueda en vida en diversas partes en México y Estados Unidos.

De acuerdo con su Informe sobre desaparición de personas migrantes en México: una perspectiva desde el Servicio Jesuita a Migrantes-México” (por publicarse el 11 de mayo), entre 2007 y 2021 la organización atendió mil 280 casos de personas desaparecidas, siendo los años 2018, 2019 y 2021 aquellos con mayor número de solicitudes recibidas. Respecto del perfil de las personas desaparecidas destaca que 71% son centroamericanos, seguidos de 22% mexicanos internos y 7% sudamericanos; 86% con edades entre los 18 y 59 años; 74% hombres y 96% con su lugar de destino en Estados Unidos.

En cuanto a los lugares donde se realizaron las solicitudes, en su mayoría por parte de familiares y amigos, el informe resalta que 28% fueron hechas desde Estados Unidos, 24% desde México, 13% desde Nicaragua y Honduras, 11% desde Guatemala, 5% desde El Salvador y 6% desde otros países del continente. Mientras que, respecto de los lugares de último contacto, 94% se ubicaban en México y el restante 6% en Estados Unidos.

El informe señala que alrededor de 75% de las personas localizadas en México se encontraban detenidas en alguna estación migratoria o estancia provisional en Chiapas y Tabasco.

Este último dato resulta especialmente relevante, pues pone de manifiesto que la detención e incomunicación de personas alojadas en estos espacios se ha convertido en una de las principales fuentes de desaparición, ya que las personas migrantes detenidas son, por lo general, privadas de su derecho a comunicarse con sus familiares y amigos, por lo que pierden el contacto con ellos, y éstos proceden a levantar un reporte de búsqueda temiendo lo peor.

Ante esta situación, el informe enfatiza la urgente necesidad de poner en marcha un registro público nacional de detenciones migratorias que en la práctica ya debería existir, pues la Ley Nacional del Registro de Detenciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2019, no sólo mandata la creación de un registro de detenciones y la creación de un Sistema de Consulta del Registro accesible a cualquier persona, sino que en su artículo octavo transitorio también mandata instaurar un registro de personas migrantes ­detenidas.

Dicho registro es crucial, pues a través del sistema de consulta se permitiría que familiares de personas migrantes desaparecidas y quienes las acompañan en esta búsqueda puedan acceder a información vía remota sobre su posible paradero en un centro de detención, o bien descartar esta hipótesis y emprender las acciones necesarias para su búsqueda por otros medios en el menor tiempo posible.

El informe reconoce el esfuerzo del Estado mexicano respecto de la creación del Mecanismo de Apoyo Exterior en 2015, mismo que permite que las familias de personas migrantes desaparecidas que se encuentran fuera de México presenten y den seguimiento a reportes de desaparición. Sin embargo, también señala que, de acuerdo con su experiencia, hay casos de familiares que han presentado reportes y que tras meses de espera no saben si éste fue atendido, si llegó a la autoridad correspondiente, si se ha dado algún seguimiento al mismo o si hay avances.

Lo mismo señala en relación con la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, así como de las comisiones locales, pues han contribuido a facilitar el proceso para que los familiares presenten un reporte de ­desaparición, así como dar seguimiento al mismo; particularmente al poner a disposición de la ciudadanía diversos medios para hacerlo. No obstante, argumenta que aún falta implementar una herramienta que permita a las familias realizar y dar seguimiento a denuncias y reportes de desaparición desde sus países de origen.

Finalmente, el documento enfatiza que es urgente que el Estado mexicano incluya en sus políticas públicas acciones para prevenir la desaparición de personas migrantes. Por ejemplo, a través del establecimiento de rutas seguras y de acceso a información para las personas en tránsito, erradicando la criminalización de las personas migrantes para facilitar la presentación de denuncias por la comisión de delitos, acceso efectivo a la justicia, entre otras.

El SJM-México reconoce que sólo a través de la colaboración entre familiares, colectivos de búsqueda, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, así como con autoridades de gobierno, se podrán mejorar las estrategias para atender esta problemática y avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y dignidad de las personas migrantes; asimismo se espera que la creación de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas contribuya a ello.

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