La reforma eléctrica va

La fecha es el 12 de abril, ese es el término para que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se vote la primera de 3 reformas constitucionales de gran calado, que plantea el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para la segunda parte de su sexenio.

Se trata como sabemos de la llamada “Reforma Eléctrica” un conjunto de modificaciones constitucionales que buscan recuperar la rectoría del estado sobre el muy estratégico sector de la generación y distribución de la electricidad, un asunto que los anteriores gobiernos, los neoliberales, buscaron privatizar de manera paulatina bajo el argumento absurdo de que todo lo que opera el estado es ineficiente, mientras que todo lo que hace el sector privado, es un modelo de productividad.

Esa visión privatizadora que se mantuvo en nuestro país por 36 años y que de manera machacona fue alienando a los mexicanos en la percepción de que para impulsar el desarrollo del país era necesario el menor gobierno posible y la mayor participación de la iniciativa privada, en México simplemente no funcionó.

La razón de fondo es que las empresas están enfocadas en obtener el máximo de ganancias, a costa de lo que sea, olvidando las necesidades que tienen regiones marginadas o de difícil acceso. Esta lógica operó en todos los sectores, desde el de comunicaciones, infraestructura, servicios financieros hasta servicios de salud, teniendo como resultado mayor marginación y atraso en el México rural y la concentración de satisfactores y mejores servicios en los centros urbanos.

Sin embargo está claro que esa tampoco es la única razón, porque algunos países en donde prevalece la visión capitalista y el enfoque a las empresas, han logrado avances importantes en el acceso de su población a altos estándares de bienestar, sin embargo en esas naciones como es el caso del vecino Estados Unidos de América, las diferencias esenciales son un alto nivel de ingresos de su población (el salario mínimo en ese país ronda los 15 dólares por hora, en México los 9 dólares por jornada laboral, es decir una diferencia abismal de 14 veces el ingreso diario).

Además de una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos en proyectos de infraestructura que impulsan el bienestar, es decir mucha menos corrupción, se dice que mientras en México de cada millón que se invertía en proyectos de infraestructura, se robaban 900 mil pesos y se invertían 100 mil, en Estados Unidos, donde la corrupción también existe, la proporción es a la inversa.

En pocas palabras, no hay punto de comparación entre México y un país de primer mundo como USA, pero tampoco lo puede haber con Alemania, Reino Unido, Francia Italia, Canadá o España, economías desarrolladas y con niveles del bienestar de su población, al menos por el nivel de ingresos de sus ciudadanos, totalmente dispares.

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